La tristeza y el dolor que acompaña a cada reporte de ahogamiento en las playas de Puerto Rico es una realidad que no podemos ignorar. Cada año, vemos cómo vidas preciosas se pierden en las aguas costeras de nuestra isla, dejando a familias destrozadas y comunidades en duelo. La situación es grave, y debemos abordarla con urgencia y determinación.
Es fácil caer en la tentación de culpar a los bañistas por su falta de conciencia o precaución al adentrarse en el mar. Sin embargo, la verdadera raíz del problema no reside únicamente en la negligencia de los individuos, sino en la falta de disposición política para destinar recursos adecuados a la prevención y seguridad en nuestras playas.
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El reciente proyecto de ley presentado por el legislador Ángel Matos García para penalizar a los bañistas imprudentes es un paso en la dirección correcta. Es fundamental establecer medidas que disuadan a las personas de poner en riesgo sus vidas y las de otros al desafiar advertencias y condiciones peligrosas en el mar. Sin embargo, estas medidas por sí solas no son suficientes para abordar la crisis de ahogamientos en su totalidad.
La falta de salvavidas suficientes y debidamente remunerados en nuestras playas es un problema que no puede pasarse por alto. Como revelan los datos proporcionados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), solo existen 23 salvavidas distribuidos en nueve facilidades alrededor de la isla. Esto es claramente insuficiente para garantizar la seguridad de los miles de bañistas que acuden a nuestras playas cada año.
Tomemos como ejemplo la playa de Jobos en Isabela, que ha sido testigo de numerosos casos de ahogamiento en los últimos años y aún así carece del equipo de salvamento básico necesario. Esta situación es inaceptable y refleja la falta de prioridad que se le ha dado a la seguridad en nuestras costas.
Es crucial que se destinen más recursos a la contratación y capacitación de salvavidas, así como a la adquisición de equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo su labor de manera efectiva. Además, es fundamental que estos puestos de empleo sean atractivos y competitivos en términos de salario, para garantizar que se pueda reclutar y retener a personal calificado.
La propuesta de la senadora Wanda Soto Tolentino de evaluar un aumento al salario de los salvavidas es un paso en la dirección correcta. Reconocer el valor y la importancia de esta labor es esencial para garantizar la seguridad de todos aquellos que disfrutan de nuestras playas.
Además de fortalecer el cuerpo de salvavidas, también es necesario implementar medidas educativas y de concientización para los bañistas. Es importante que se brinde información clara y precisa sobre los riesgos asociados con el mar y se fomente una cultura de seguridad y responsabilidad entre la población.
Sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad última recae en las autoridades locales y en el gobierno en general. Son ellos quienes tienen el deber de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y visitantes en las playas. Multar a los bañistas por su imprudencia puede ser una medida disuasoria, pero también es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad en la protección de la vida humana en nuestras costas.
En última instancia, abordar la crisis de ahogamientos en Puerto Rico requiere un enfoque integral que combine medidas de prevención, seguridad y educación. Solo a través de una acción coordinada y decidida podremos proteger las vidas de aquellos que disfrutan de nuestras hermosas playas. Es hora de actuar con determinación y compromiso para poner fin a esta tragedia que afecta a nuestra comunidad.
